He leído con agrado la entrevista al Sr. Ricardo Rosales Pari, Sereno de Lima Metropolitana, perteneciente a la Brigada de Turismo y alumno de la primera promoción del Centro de Formación y Capacitación (Cenfocas) del Serenazgo de Lima, publicada hoy en la edición impresa de El Comercio, a página casi íntegra (A20).
Me llamó la atención la sinceridad del entrevistado para confesar que se hizo sereno por necesidad, refiriendo que fue su vocación cristiana la que lo inclinó a servir con diligencia a las personas necesitadas de información o de protección, en el ámbito del turismo.
Sin embargo, la lectura de esta entrevista me hizo comprobar, una vez más, la duplicidad de esfuerzos que hace el Estado, en este caso representado por la Municipalidad de Lima Metropolitana, fortaleciendo el Serenazgo municipal, encomendándole actividades especializadas como el turismo y otras relacionadas con funciones y actividades que también desarrolla la Policía Nacional de acuerdo a las leyes, en el ámbito nacional, regional,provincial y distrital.
La importante inversión de recursos que supone la creación, implementación y funcionamiento tanto del Serenazgo, como la brigada de turismo y el Cenfocaes, nos lleva a reflexionar y a preguntarnos: ¿Por qué no dirigir todos estos recursos de personal, educativos, materiales y tecnológicos con que cuenta actualmente la comuna, a las seis Comisarías de la PNP que son responsables policiales de jurisdicción de Lima Cercado? o ¿ Por qué no volver a poner en funcionamiento a la Unidad Policial de Asuntos Municipales que coordinó esfuerzos directos con la Municipalidad de Lima en la década de los 80 y que contribuyó en la ejecución de las disposiciones contenidas en las Ordenanzas, Decretos y Resoluciones de la Municipalidad, siendo importante elemento, por ejemplo, en la erradicación del comercio ambulatorio en las calles del damero de Pizarro?
No hay que descartar el fortalecimiento institucional de la Policía Nacional, entidad a la que la propia Constitución Política le ha dado la responsabilidad de garantizar, mantener y restablecer el Orden Interno; prestar ayuda y protección a las personas y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad de los patrimonios públicos y privados; prevenir, investigar y combatir la delincuencia y vigilar y combatir las fronteras. Es obvio que, para desarrollar cada una de estas finalidades, la PNP requiere de ingentes recursos económicos y financieros, no solamente de parte de Gobierno Nacional, sino también de los Gobiernos Regionales y Locales. La Ley No. 29611 faculta a estos últimos a invertir en seguridad, mediante la suscripción de Convenios con la PNP. Estos Convenios podrían regular las relaciones entre las partes, sobre todo para establecer mecanismos eficientes de fiscalización del adecuado empleo de los recursos que se proporcionarían a la PNP, para los fines previamente establecidos. Un modelo de Convenio Interinstitucional es el suscrito por la Asociación de Bancos y la Policía Nacional del Perú, que viene probando por más de quince años consecutivos importantes logros en materia de seguridad bancaria y ciudadana, justamente porque la Policía, a la par que recibe los recursos que necesita para ejercer eficientemente las funciones que le encomienda la Constitución y la ley, también rinde cuenta del empleo de estos recursos, sin perder autonomía administrativa ni funcional, en el marco de una alianza estratégica que se caracteriza por tener definido su objeto con precisión, como norte para el establecimiento de las obligaciones, no de las partes, sino de los aliados. Esta experiencia de éxito puede extenderse a otros ámbitos, como los gobiernos regionales y locales, como un modelo que evite la creación de fuerzas paralelas, la duplicidad de esfuerzos y la ineficiente distribución de recursos escasos.
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